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Pronunciamiento en torno
al asesinato de la Señora ESPERANZA AMARÍS MIRANDA de la Organización
Femenina Popular (OFP)
La Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”,
Bogotá, 17 de octubre de 2003
El Jueves 16 de octubre de 2003 a las 7:30 p.m. en la ciudad de Barrancabermeja,
región del Magdalena Medio (Colombia), un grupo de tres paramilitares forzó
a la señora ESPERANZA AMARÍS MIRANDA a subir a un carro frente a
su casa en el barrio Versalles. Cinco minutos después Esperanza fue asesinada
y su cuerpo fue abandonado en la calle frente al Colegio Camilo Torres. Su hija
mayor, en un intento por salvar a su mamá, se aferró al carro donde
se la llevaron y fue arrastrada casi 200 metros antes de caer. Esperanza, una
mujer trabajadora y madre de dos hijos que se dedicaba a la venta de lotería,
hacía parte de la Organización Femenina Popular (OFP) y días
antes había denunciado ante la Fiscalía las amenazas recibidas de
parte de los grupos paramilitares presentes en Barrancabermeja. La OFP también
denuncia que cuando intentaron comunicarse con la policía en el momento
en que sucedieron los hechos, no funcionaron los mecanismos de reacción
inmediata que habían sido acordados en una reunión del Comité
Operativo Intersectorial de Barrancabermeja.
La Organización Femenina
Popular, que desarrolla en la región del Magdalena Medio un valioso trabajo
en defensa de los derechos humanos de las mujeres y de sus comunidades, viene
denunciando con valentía el aumento de la presencia y el control social
ejercido por los grupos paramilitares en el Magdalena Medio y exigiendo que las
autoridades legalmente constituidas recuperen el control social y político
de Barrancabermeja y del Magdalena Medio.
La Mesa de trabajo “Mujer
y conflicto armado” - de la que hace parte la Organización Femenina
Popular - ha denunciado en sus Informes la situación de amenaza y agresión
que han sufrido las organizaciones sociales de mujeres en el país por parte
de los actores armados. En su informe de la visita a Colombia la Relatora Especial
de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer describió la intimidación
y persecución sistemática contra las organizaciones de mujeres como
la OFP y señaló que [1]:
(90) “(…)Las organizaciones
de la mujer, sobre todo campesinas, indígenas y afrocolombianas, y sus
dirigentes, han sido objeto de intimidación sistemática y se han
visto perseguidas por la labor que realizan en defensa de la mujer y en pro del
mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. Sus miembros no son
los únicos que se ven directamente afectados. Sus hijos y los esposos o
las parejas de estas mujeres han sido también asesinados debido a las actividades
sociales y políticas de la mujer. Tal es el caso de organizaciones no gubernamentales
como la Organización Femenina Popular (OFP), la Asociación Nacional
de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) y la Fundación
Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP).”
(91) “En su afán de lograr el control social y político
de territorios en litigio, los grupos armados la emprenden con las organizaciones
de la mujer por considerarlas un obstáculo visible profundamente arraigado
en las comunidades, a las que tratan de utilizar para su beneficio propio o de
lo contrario tratan de destruir. Las organizaciones que no se pliegan a los intereses
de estos grupos se ven obligadas a llevar a cabo sus actividades en condiciones
de inseguridad permanente y se ven cada vez más obligadas a abandonar o
a transformar los métodos de trabajo de su organización.”
(92) “A partir de enero de 2001, la OFP[2] <mhtml:mid://00000003/#_ftn2>
ha estado recibiendo amenazas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió
medidas cautelares respecto del caso de la OFP.(…) La situación de
seguridad de esta organización sigue siendo precaria.”
(93)
“(…) La Relatora Especial expresa preocupación porque el aumento
y la frecuencia de las agresiones contra las organizaciones de mujeres por parte
de las facciones armadas surten efectos múltiples, simultáneos y
desproporcionados en la participación de la mujer. (…) En este contexto
es indispensable adoptar con urgencia medidas de protección adecuadas para
garantizar el derecho de la mujer a la participación social y política
en pie de igualdad.”
En su Informe de la misión a Colombia,
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer incluye
las siguientes Recomendaciones:
(116) "El Estado debería
intensificar sus esfuerzos para luchar con eficacia contra los grupos paramilitares
y velar por que las personas de las que se sospecha que han cometido violaciones
de los derechos humanos, incluso autoridades públicas, sean llevadas ante
los tribunales civiles. Deberían establecerse grupos operacionales en las
zonas bajo control paramilitar para tratar directamente este problema y poner
fin a las violaciones de los derechos humanos. Considerando la elevada proporción
de violaciones de los derechos humanos perpetradas por los grupos paramilitares,
el Estado debería adoptar una política firme para desenmascarar
a estos grupos. Todo funcionario público que tenga vínculos comprobados
con grupos paramilitares debería ser destituido, sometido a investigación
y condenado".
(117) "El Estado debería prestar un mayor
apoyo y protección a las organizaciones de derechos humanos que se ocupan
de cuestiones de derechos humanos de la mujer o de asuntos de la mujer. (…)
En las zonas apartadas, las organizaciones de mujeres están realizando
una labor sumamente valiosa a nivel de base, por lo que merecen que existan sistemas
apropiados de apoyo y medidas de protección. Tan pronto se empiece a luchar
contra la impunidad y se enjuicien los casos de violaciones basadas en el género
se estará enviando un mensaje en el sentido de que estos delitos se castigarán
seriamente. Se debe atribuir alta prioridad y prestar seria atención al
compromiso de entender los riesgos, aplicar medidas preventivas y brindar protección".
La Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”, exige el Estado
Colombiano hacer efectivas las Recomendaciones de la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, para que se proteja la vida de
las mujeres y el derecho a la participación de las organizaciones de mujeres
en el país.
Manifestamos nuestro profundo rechazo frente al asesinato
de Esperanza y frente a todas las formas de militarización de la vida civil
en Barrancabermeja y en el país.
En solidaridad con la Organización
Femenina Popular y con todas la organizaciones de mujeres en Colombia,
Mesa
de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”:
[1] COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS, 58þ período de sesiones, Informe de la Relatora Especial
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy,
presentado de conformidad con la resolución 2001/49 de la Comisión
de Derechos Humanos. Misión a Colombia (1þ a 7 de noviembre de 2001). E/CN.4/2002/83/Add.3,
11 de marzo de 2002.
[2] La OFP radica en la región de Magdalena
Medio y defiende los derechos de la mujer trabajadora por medio de proyectos encaminados
a prestar una atención de la salud general, a la economía de la
solidaridad, los movimientos juveniles, la capacitación y educación,
un centro de documentación, asistencia para las mujeres desplazadas y sus
familias (salud física y mental, sostenibilidad de la nutrición,
asistencia en casos de emergencia). Esta labor se lleva a cabo en locales situados
en las comunidades populares, conocidos como casa de la mujer. La OFP cuenta actualmente
con nueve casas de la mujer situadas en ocho municipios de la región de
Magdalena Medio y una en Bogotá.
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