Intervención del Representante Permanente de España
Embajador Inocencio F. Arias, en el debate abierto en el Consejo de Seguridad con motivo de la aprobación de la Resolución 1325/2000 “ Mujeres, Paz y Seguridad”

Creo necesario subrayar algo a lo que se ha aludido ya: las últimas décadas han visto un dramático recrudecimiento del número de mujeres víctimas de los conflictos armados. Se estima que cerca del 90% de las víctimas de guerra en la actualidad son civiles, la mayoría mujeres y niños, en contraste con lo que sucedía hace más de un siglo, cuando el 90% de los que perdían sus vidas era personal militar. Son cifras dolorosas que nos deberían hacer reflexionar.

Desde el punto de vista internacional, han sido adoptadas numerosas medidas respecto al tratamiento de los crímenes cometidos contra las mujeres en situaciones de conflicto armado:

1. La violación ha sido incluida como crimen de lesa humanidad en los estatutos de los Tribunales especiales para la ex-Yugoslavia y Ruanda.

2. La Corte Penal Internacional ha incluido en su definición de los crímenes la perspectiva de género.

3. Tanto la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (1993), como la Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín, (1995) reiteran el compromiso de la comunidad internacional para erradicar los crímenes cometidos contra las mujeres en conflictos armados.

Esta aproximación genera esperanzas, pero queda mucho por hacer. La vulnerabilidad de las mujeres en época de guerra se ve acrecentada por otras funestas consecuencias: los conflictos tienen una marcada incidencia en la salud de las mujeres y agudizan la desigualdad entre varones y hembras. Junto a esta vertiente, se hace necesario tener en cuenta el papel decisivo que las mujeres pueden realizar en los procesos de paz.

España es también consciente de que, junto a los compromisos internacionales, es necesaria una estrategia que a nivel nacional asegure la participación de las mujeres en la resolución de conflictos y en el fomento de una cultura de paz. Pero además, requiere la puesta en marcha de medidas para promover la participación de las mujeres en todos los procesos de prevención y resolución de conflictos.

En este sentido, en mi país, se ha incrementado la participación de mujeres españolas, como observadoras internacionales en los procesos electorales de Centroamérica, Bosnia-Herzegovina y Kosovo, así como cooperantes en programas de reconstrucción posteriores a los conflictos armados. De otro lado, en los contingentes militares españoles que participan en misiones de paz, existe una presencia creciente de mujeres.

España entiende especialmente importante el papel que en este sentido los medios de comunicación pueden jugar en los procesos previos y posteriores a los conflictos, tanto en el ámbito interno como en el internacional.

Todo ello confirma que el compromiso de la comunidad internacional reclama también la adopción de medidas en el ámbito interno, de manera que junto a los Gobiernos, toda la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales pueden aportar valiosos elementos a las dos vertientes de la participación de las mujeres en la construcción de la paz: la protección de las mujeres víctimas de conflictos y la participación de las mujeres en la construcción de una cultura de paz. Dicho trabajo no será posible sin la coordinación necesaria dentro del sistema de la ONU, para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Resolución 1325/2000, cuyo aniversario hoy celebramos.